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Cámara de Comercio de Barranquilla e Intergremial Atlántico piden inversión pública en infraestructura eléctrica para bajar tarifas en la Región Caribe

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  • También solicitaron a la CREG desistir de obligar a las térmicas a financiarle a los comercializadores sus compras de energía en bolsa, lo que limitaría su abastecimiento de gas cuando deben incrementar la generación para descartar racionamientos.
  • Frontier Economics advierte que entre octubre próximo y mayo de 2024 subirán más las tarifas por alzas en precios en bolsa y mayor generación térmica para atender la demanda durante el Fenómeno del Niño.


La Cámara de Comercio de Barranquilla y el Comité Intergremial Atlántico le solicitaron al Gobierno central financiar con recursos del Presupuesto General de la Nación la modernización de la infraestructura eléctrica del Caribe, cuyo costo se estimó en $3 billones de pesos en el año 2017, tras considerar que es la única medida de corto plazo que puede incidir en bajar las tarifas de energía en esta región del país.


La inversión pública en esas obras llevaría a que los pagos de capital y de retorno de esas inversiones no se incluyan en la estructura tarifaria, reduciendo el costo del servicio a los usuarios. Su efecto sería permanente porque las inversiones irían dirigidas exclusivamente al mejoramiento de las redes y subestaciones y no a la operación del sistema. El objetivo es que la inversión pública fortalezca la infraestructura para que los operadores continúen mejorando la prestación del servicio.


La solicitud se justifica, de una parte, por el retraso histórico que arrastra la Región Caribe en inversiones en red y los problemas estructurales de congestión tanto en el Sistema de Transmisión Regional, STR, como en el Sistema de Distribución Local, SDL, y de la otra, por la necesidad de la participación del Estado en asuntos de servidumbres, factor que suele retrasar la ejecución de los proyectos.


Las dos organizaciones pidieron también que el Estado pague prontamente las deudas acumuladas con las comercializadoras que operan en esta región, que suman ya $2,6 billones de pesos y se derivan de la aplicación de la opción tarifaria, establecida por el gobierno anterior, y del pacto por la justicia tarifaria, definido por el actual. Dicha deuda equivale a dos años de los ingresos de los comercializadores, lo que ha generado una compleja situación financiera y operativa.


Igualmente le solicitaron a la CREG desistir de lo planteado en la resolución 701 024 que reestablecería la obligación de las termoeléctricas de financiar a los comercializadores sus compras de energía en bolsa, dada la presión que ello ocasiona en la caja de las generadoras. Esa presión limitaría las posibilidades de abastecimiento de gas de las térmicas en momentos en que el país necesita que produzcan más energía para atender la demanda que no podrían cubrir las hidroeléctricas por el bajo nivel de los embalses en la fase crítica del fenómeno de El Niño. Con el pago de las deudas por la opción tarifaria a las comercializadoras, estas empresas tendrían liquidez para sus compras de energía en bolsa.


Por otra parte, le solicitaron a la UPME revisar la metodología de asignación de gas ante restricciones de suministro, entendiendo que este combustible es vital para la generación de energía por parte de las termoeléctricas, y que limitar su abastecimiento las obligaría a aumentar el volumen de consumo del importado, incrementando sus costos de producción, lo que llevaría a más alzas en las tarifas a los usuarios finales.


En ese mismo sentido, la Cámara de Comercio de Barranquilla e Intergremial Atlántico pidieron que se atiendan las necesidades de los consumidores industriales y distribuidores a partir de cálculos debidamente validados del gas que requieren para sus operaciones. Y ante las informaciones que se conocen sobre la afectación de la capacidad de producción de los campos de Córdoba, plantearon la necesidad de precisar cuál es la razón técnica que la ocasionó, el volumen que no podrá entregar al mercado, y sus efectos en la atención de la demanda de gas natural y de energía eléctrica.


Las solicitudes se basan en un estudio presentado por Frontier Economics y Fundesarrollo y en análisis de expertos planteados durante una reunión con congresistas del Atlántico para definir soluciones de corto y mediano plazo a la crisis del sector, que ya provoca racionamientos en la prestación del servicio en la Región Caribe, aunque no han sido declarados oficialmente.


En el encuentro, Fernando Barrera Rey, director de Frontier advirtió que a partir de octubre y hasta mayo de 2024 subirán más las tarifas de energía por alzas en los precios en bolsa y la necesidad de aumentar la generación térmica para atender la demanda durante el Fenómeno del Niño que provocará disminución del nivel de los embalses de las hidroeléctricas.


La Cámara de Comercio de Barranquilla y el Comité Intergremial del Atlántico acordaron con los congresistas del Atlántico la puesta en marcha de una mesa técnica de seguimiento a la gestión de las solicitudes hechas al Gobierno nacional, y a la ejecución de las medidas oficiales para superar la crisis energética que sufre la Región Caribe y que de no resolverse tendría un fuerte impacto nacional.


Oficina de Comunicaciones Corporativas
@camarabaq

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