Por Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla
Los casos de extorsión en el Atlántico encienden las alarmas. Esta conducta criminal alimentada por el miedo es sin duda una amenaza contra la vida de las personas y la prosperidad de muchos negocios locales. El crecimiento de las extorsiones y el rezago de los denuncios por parte de los extorsionados, que desconocen cómo activar los mecanismos del Estado, podrían generar mayores afectaciones socioeconómicas en el futuro. Debemos ser solidarios con las víctimas, pero ante todo, necesitamos construir nuevas estrategias entre sociedad civil, autoridades y gremios.
Recientemente, la Junta Directiva de la CCB conoció por parte del Comandante de la Policía, el Jefe de la Oficina para la Seguridad del Distrito y el Secretario del Interior de la Gobernación el diagnóstico y las acciones que adelantan para contrarrestar la extorsión. Resultados como 243 capturas de cabecillas y 27 operaciones sostenidas dan cuenta del significativo avance de las autoridades. Pero aún tenemos un camino por recorrer juntos.
La experiencia de Italia en su lucha contra la extorsión cobra relevancia. Según un estudio del CSD, financiado por la Comisión Europea, el número de casos de extorsión reportados en Italia creció 23% entre el 2006 y el 2014; más del 70% de los casos no se denunciaban a las autoridades por temor. Hoy, el país ha logrado importantes avances y ha demostrado que los esfuerzos por erradicar este mal no se pueden descuidar.
Italia cuenta con un fondo de solidaridad para las víctimas del crimen organizado, la extorsión y la usura, que brinda ayudas como compensación económica y préstamos. Ha desarrollado políticas y medidas de protección a los colaboradores y testigos, así como a los fiscales y jueces. Persigue las finanzas y bienes de los extorsionistas, ya que parte del recaudo derivado de este delito se introduce al sistema a través de negocios fachada.
En lo judicial, identifica a miembros de las estructuras superiores e intermedias, y encuentra jurídicamente cómo capturarlos, no solo por la extorsión, sino por otros delitos vinculantes. En lo social, ha fortalecido programas de educación y oportunidades a jóvenes en barrios con condiciones socioeconómicas deprimidas. Además, desarrolló el marco legal para la participación de organizaciones civiles en apoyo a las víctimas. Un ejemplo de éstas son Addiopizzo y la red Libera, orientadas a brindar asesoría legal y acompañamiento para fomentar el denuncio, y promover la reutilización social de activos decomisados para la educación y las actividades anti-Mafia.
La experiencia italiana marca un camino. Será crucial que el Gobierno Nacional continúe reforzando con recursos humanos y económicos a todo el Distrito Judicial de Barranquilla, y crear una Mesa de Seguimiento Anti-extorsión, integrada por todas las autoridades, agremiaciones, empresarios y demás organizaciones de la sociedad civil. Acompañando y protegiendo a las víctimas de forma coordinada, esta batalla la ganamos entre todos.
