Es un mecanismo establecido en la Constitución Política y en la Ley, mediante el cual, las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, delegan expresamente su solución a un Tribunal de arbitramento, integrado por uno o tres árbitros especialistas en el tema a dirimir, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral, la cual tiene los mismos efectos de una sentencia proferida por los jueces de la República.
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