- Precios zonales, subastas, suspenderle a hidroeléctricas cobro del cargo por confiabilidad y que las restricciones las paguen los responsables de atrasos en los proyectos de generación y transmisión, hacen parte de las propuestas.
En el Caribe BIZ FORUM, realizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla la semana pasada, el director de Frontier Economics, Fernando Barrera Rey, y el exministro de Minas, Amylkar Acosta, trazaron una hoja de ruta sobre los ajustes en la normatividad y la regulación vigente, para adecuarlas a la nueva realidad energética que obliga a tener una matriz de generación robusta, diversificada y más resiliente frente al cambio climático, y acorde con el modelo de mercado que se derivará del ingreso de las fuentes renovables.
Barrera y Acosta explicaron que la crisis que sufre el Caribe por las alzas desproporcionadas en las tarifas de energía eléctrica es consecuencia de decisiones u omisiones de anteriores gobiernos del nivel nacional, que han derivado en una situación compleja para la región, impactando los indicadores de pobreza y competitividad. Por ello plantearon, entre otras propuestas, cambios en el mercado mayorista para fomentar la competencia y racionalizar el costo de este servicio público esencial.
Barrera propuso establecer precios zonales para tener un precio único para la demanda; ofertas de servicios complementarios que permitan el acoplamiento y la integración de las fuentes no convencionales de energía renovables, de manera que sirvan de respaldo a las convencionales hídricas y térmicas, y viceversa; e introducir mecanismos como las subastas para generar una mayor competencia en el mercado de contratos.
Otras iniciativas van dirigidas a desmontar el cobro del cargo por confiabilidad que aplican las hidroeléctricas, el cual fue concebido exclusivamente para las térmicas; modificar los límites para acceder al mercado no-regulado para que el usuario pueda escoger su comercializador; y desagregar XM de ISA. El ex comisionado de la CREG señaló que deben corregirse igualmente la desintegración vertical del mercado de la Región Caribe; la concentración de la capacidad hidráulica en cuatro empresas; y el incumplimiento de las revisiones tarifarias que tienen que hacerse cada 5 años, lo que ha llevado a que las eficiencias y reducciones de costos no se repartan con los usuarios.
También destacó que las pérdidas por robo en Electricaribe alcanzaron niveles más bajos antes de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, por lo que planteó que el Estado asuma parte de ese deterioro y no se pase a la tarifa. Tras advertir que hoy los usuarios del Caribe pagan más por el componente de Pérdidas que por el de Distribución, llamó la atención de que luego de 28 años de la expedición de la Ley 142 dichas perdidas estén en un nivel similar al que llevó a la reestructuración de CORELCA y con ello al desmonte de la integración vertical del sistema eléctrico de esta región.
Ente tanto, Acosta planteó que las restricciones, causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos de transmisión o de generación, como HIDROITUANGO, no las paguen los usuarios sino los responsables directos de esas situaciones. Este cargo es después del indexador IPP y de las pérdidas reconocidas, el factor que más presiona el alza de las tarifas de energía en la Región Caribe.
Tras la advertencia del exministro en cuanto a que la deuda de los usuarios con AIR-e y AFINIA, ya supera los $4 billones y seguirá creciendo hasta hacerse impagable para aquellos e insostenible para las empresas, ambos expertos insistieron en soluciones de fondo al incremento desmesurado de las tarifas de energía, que seguirán aumentando cuando suban los precios del mercado.
Para avanzar en esas soluciones Acosta propuso titularizar los ingresos previstos del FONENERGÍA en los próximos 5 años, para constituir un capital autónomo con destinación especifica al programa de normalización de redes y de usuarios. Con ello se mejoraría la calidad del servicio y se persuadiría a los usuarios para que lo paguen. Este programa se acompañaría de un plan masivo de instalación de paneles solares en las residencias de los estratos 1, 2 y 3 y en lo sucesivo en todos los programas de viviendas de interés social (VIS) gestionados por el Gobierno.
Propuso además que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, renegocie los contratos con Air-e y Afinia para que a medida que las pérdidas no técnicas vayan bajando, por la gestión de cartera de las empresas, y por sus inversiones y las que se hagan con el capital autónomo, bajen también paulatinamente las pérdidas reconocidas y con ellas las tarifas. De esta manera esas pérdidas no irían al P&G de las empresas, que es lo que acontece actualmente.
El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza, mencionó que se compartiría con el Gobierno nacional esta hoja de ruta, planteada por Amylkar Acosta y Fernando Barrera, como un insumo fundamental para que pueda darle una solución estructural a la crisis económica y social desatada en el Caribe por las altas tarifas de energía eléctrica.
