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Por Manuel Fernández Ariza, Presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla


Para resolver el conflicto por el peaje de Papiros se necesita que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) asuma con decidida voluntad la definición de una respuesta a las peticiones de la comunidad afectada, quienes plantean la desproporción entre el costo del peaje y la corta distancia a Barranquilla, ubicada a solo 6 kilómetros, en una vía que, siendo nacional, se ha vuelto urbana debido al desarrollo residencial, empresarial y de servicios educativos a lo largo de ella. Es urgente que, tras un año de reuniones, la ANI y el Ministerio de Transporte presenten propuestas que, sin afectar el modelo financiero de la concesión, atiendan parcial o totalmente esa petición, o que se pronuncien técnicamente sobre las planteadas por los usuarios frecuentes de ese corredor.


Una de las iniciativas que merece evaluarse, es la hecha en abril pasado por varios ciudadanos, actualizada con la estadística del tráfico de 2023, proponiendo que se mantenga la exención del cobro en Papiros para automóviles, camperos, camionetas y buses (categorías C1 y C2); se disminuya en un porcentaje razonable la tarifa para los vehículos de las categorías C3 a la C7 utilizados por los generadores de carga de la zona, que no constituyen más del 3% del volumen total del tráfico allí; y se igualen las tarifas del peaje de Puerto Colombia con las de Marahuaco.


Según sus estimaciones, el concesionario compensaría la reducción del ingreso de Papiros con el incremento en el peaje de Puerto Colombia, y tendría un recaudo total en los dos puntos de cobro de $45.066 millones de pesos, lo que significaría un ingreso adicional de $2.340 millones de pesos. Valdría la pena hacer más rigurosamente este ejercicio con los datos desagregados de los recaudos y del paso de los vehículos de todas las categorías, dada la urgencia de tomar una decisión antes del 15 de febrero, cuando deja de tener efecto el paso libre para automóviles, camperos y buses por Papiros.


Otra opción es que se distribuya entre los peajes de Puerto Colombia y Marahuaco lo que se recauda en Papiros bajo principios de equidad dado que, de acuerdo con cifras estimadas, Atlántico aporta la mayor parte del ingreso total de la concesión con lo generado por las dos casetas de pago que hay en su jurisdicción sobre la vía al mar, más las dos de la Circunvalar de la Prosperidad.


También debería contemplarse la aplicación del artículo 1ro de la Ley 787 de 2002, el cual establece que “las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de operación”, lo que cobija a los usuarios del tramo entre la Y de los chinos y la primera Circunvalar, quienes no tienen vías alternas para acceder a Barranquilla. Basándose en esa norma el Ministerio de Transporte emitió la Resolución N°20233040025255 de junio 18 de 2023, para las categorías de la 3 a la 7, pero, a la fecha, la ANI no ha hecho la estructuración financiera para aplicarla.


La situación de Papiros es diferente a los demás peajes del País, la comunidad tiene razón en reclamar una urgente solución.


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